jueves, 24 de marzo de 2011

ADULTOS MAYORES Y JOVENES TRABAJADORES MARCHAN POR FLEXIBILIZAR EL HORARIO DE EDUCACION QUE LES IMPARTÉN EN TEMUCO . Bonus Track ...!!!

miércoles, 23 de marzo de 2011

Repudio nacional e internacional a fallo de la justicia chilena contra comuneros mapuche




· Diversas organizaciones indígenas, de derechos humanos, abogados y familiares de los comuneros mapuche condenados, expresaron su decepción ante un fallo que califican como una condena excesiva, pese a que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas.



· La decisión de la justicia chilena contrasta, además, con la impunidad en que han quedado delitos graves, como es la muerte de jóvenes mapuche por agentes del estado.





Por Elías Paillan, miércoles 23 de marzo de 2011



Diversas reacciones de rechazo -tanto de familiares, abogados, así como de organizaciones de derechos humanos e indígenas- se produjeron tanto en Chile como en el extranjero ante las duras penas a 25 y 20 años de prisión que dictaminó ayer el Tribunal Oral de Cañete respecto de cuatro comuneros mapuche integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco.



Lo anterior, producto de la aplicación de la ley antiterrorista, que permite una serie de irregularidades al debido proceso; como el uso de testigos secretos, interceptaciones telefónicas, incomunicación de imputados, mayor atribución a los fiscales y a las policías, existiendo incluso denuncias de aplicación de torturas para obtener testimonios incriminatorios, como se dio cuenta por parte de testigos encubiertos de la fiscalía en el contexto de este juicio oral. Es por ello que los abogados defensores han anunciado que solicitarán a la Corte Suprema la nulidad del juicio.



Familiares: “ellos están firmes”



Natividad LLanquileo, vocera de los comuneros, tras reunirse con su hermano condenado, Ramón Llanquileo, expresó que “ellos están tranquilos, con mucha fuerza y ganas de seguir luchando. No están de rodillas como los quieren ver y estén donde estén, van a seguir luchando”. Hizo además un llamado a la iglesia a pronunciarse, debido al conocimiento que tienen respecto de las irregularidades que se cometieron a lo largo de este juicio, lo que gatilló finalmente las altas condenas.



En cuanto al condenado José Huenuche -quien es padre de dos hijas, de 2 y 5 años-, en la audiencia estuvo presente su madre, Juana Reiman Reuca de la comuna de Lumaco, quien criticó la sentencia señalando que “es tan mala, que ni siquiera los jueces leyeron las razones del por qué lo acusan. Si él no ha matado, no ha hecho nada y lo acusan injustamente, es una señal clara de que estamos frente a un mal fallo”, expresó con voz firme y actitud serena.



Por su parte Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, agregó que hechos como estos solo pasan en Chile, donde no hay estado de derecho para quienes no tienen recursos. “Para la gente pobre y oprimida, no existe estado de derecho, y por lo tanto aquí se abusó y se va a seguir abusando de la gente, mientras no haya mayor denuncia y lucha”. Hizo un llamado a su vez a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que sigan apoyando, sobre todo ahora, que los condenados se encuentran en huelga de hambre y han tomado la decisión de continuarla hasta que hayan cambios.



Pezoa, tras el término de la audiencia pudo entrar y conversar brevemente con su marido, y aunque confiesa que “entré con mucha pena (sollozos), ellos estaban con ánimo, con actitud, la misma que han tenido todo este tiempo y en realidad se nos aplacó todo al verlos a ellos”.



Consultado respecto de sus hijos y cómo recibirán esta triste noticia, expresó que “ellos son también parte de este proceso de lucha mapuche, ellos han nacido y crecido en la comunidad y han acompañado a Héctor en las reuniones, en las ceremonias y van a seguir creciendo también como luchadores mapuche”.



Presente también en la audiencia estaba Eduardo Painemil, de la comunidad Pascual Coña e imputado por incendios a cabañas cerca del Lago LLeulleu, pero absuelto en esta causa y en libertad tras 18 meses preso en la cárcel de Lebú. Painemil denunció que ahora están siendo perseguidos en el campo, “nos siguen los policías y estamos siendo investigados, parece que no hemos salido de la cárcel”, acusa. Denunció además que constantemente es perseguido por las calles, como cuando viajó a Temuco, donde todo el tiempo me fueron cuidando carabineros de civil. Por lo mismo, dice sentirse intimidado, junto a su esposa e hijo de tan solo 6 años.



Abogados esperan que la corte suprema revierta



El abogado defensor de Héctor LLaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los comuneros. Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, “lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa”. Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de “muy grave”, por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.



Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos. En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.



Organizaciones se manifiestan



El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de “desproporcionadas y excesivas”, considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como “de falta de imparcialidad”. Agregan en su declaración pública dada a conocer ayer, que lo anterior “contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país”.



También critica al Tribunal de Cañete, que no tomó en cuenta el artículo 10 del Convenio 169 de la OOT cuyo número 1 señala que: “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; y en el 2 dice: “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. Por lo que espera el un tribunal competente “restablezca el Imperio del Derecho, absolviendo a los imputados o decretando la realización de un nuevo proceso en el que efectivamente se respeten las normas del Debido Proceso”.



En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.



Critican la actitud del Estado chileno que a pesar de numerosas críticas y recomendaciones de la comunidad internacional, incluido de las agencias y de Las comisiones de las Naciones Unidas y del BIT, el Estado chileno persiste en llevar una política agresiva. Del mismo modo solidarizan con los pueblos originarios de Chile, especialmente mapuche cuyas reivindicaciones se articulan a un desarrollo sustentable y justo, en el respeto de los criterios ecológicos; el respeto de las particularidades de las minorías en el seno de una sociedad multicultural ; y a un sistema político y administrativo realmente descentralizado. Finalizan solicitando la libertad de los presos mapuche.



Finalmente la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche ayer condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política. Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.



La OMCT vuelve a señalar que la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuches juzgados por hechos de protesta social ha sido cuestionada, ya que esta ley no garantiza adecuadamente el debido proceso porque, entre otras, establece una elevada penalidad, que en varios casos duplica la penalidad establecida en la legislación ordinaria. Del mismo la OMCT llama al gobierno de Chile a que cese todo tipo de represión y de violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales contra los miembros de la comunidad mapuche y contra las personas que apoyan la causa mapuche en la defensa de la tierra, finalizan.



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Elias Paillan Coñoepan
Periodista - Comunicador Social

CATEDRAL DE CAÑETE EN TOMA POR COMUNEROS MAPUCHES : DECLARACION NATIVIDAD LLANQUILEO


Declaración de Natividad Llanquileo, al interior de la Catedral de Cañete.

Tomada desde las 15 horas del día 22 es en forma indefinida



Como una forma que se pronuncie la Iglesia Católica, con respecto a la condena que han recibido los cuatro comuneros mapuches de 25 y 20 años respectivamente por el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Cañete, es que ingresaron familiares de los presos mapuches al interior de la catedral Nuestra señora del Carmen y que dirigen los Curas Juan Zúñiga y Hernán Llancaleo.

Declara Natividad que no se esperaba realmente la cantidad de años de condena y es el doble de lo que se consideraba y lo mas probable es que cada ves que el Ministerio publico solicite una cantidad de años de condena ellos puedan hacer lo que se les antoje.Es un escenario bastante complejo y la corte Internacional pueda revertir esta situación.El temor se a apoderado de todos aquellos que desean anhelos de justicia y que hoy sencilalmente son tratados de terroristas y que fue la clara señal que a dejado el Ministerio publico para todas las organizaciones sociales de los diferentes sectores, tanto mapuches como chilenos.

Sabe Natividad que cuando se les ocurra pueden ser desalojados y apaleados incitados por los fiscales y los lumpen simplemente obedecen ordenes de sus amos.

La toma de la Catedral de Cañete es de forma indefinida hasta que exista una real y clara señal con respecto a la posición de la Iglesia Católica.Hoy Miércoles los familiares de los comuneros se mantienen dentro de la catedral y solicitan apoyo en alimentos,jugos,agua y enceres de primera necesidad.

MUJERES COMERCIANTE AMBULANTES DENUNCIAN EXCESIVA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA ELLAS POR ORDEN DE MIGUEL BECKER (ALCALDE) Y ANDRES MOLINA (INTENDENTE)

martes, 22 de marzo de 2011

TRÁS UNA ARDUA LUCHA CONTRA EL CANCER FALLECE MIREYA FIGUEROA ,A QUIÉN EL ESTADO APLICO LEY ANTITERRORISTA


La tarde de hoy martes falleció de cáncer la lammien Mireya Figueroa, perteneciente a la Comunidad de Trikauko, de la zona de Malleco.
Mireya Figueroa estuvo cerca de 6 años en condición de clandestinidad, puesto que era intensamente buscada por la policía chilena, acusada de participar en el caso del incendio en el Fundo Poluco Pidenco, donde se pedían más de 10 años de cárcel bajo la Ley Antiterrorista.
El año 2009 fue detenida en Santiago y encarcelada, pero por su frágil estado de salud fue puesta en libertad, pasando sus últimos días junto a su gente, en su comunidad.



gentileza : mapuche nation

lunes, 21 de marzo de 2011

ANIMALISTAS DE TEMUCO PROTESTAN CONTRA MIGUEL BECKER ALCALDE POR SU POLITICA DE EXTERMINIO MASIVO DE PERROS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD, Bonus Track !!



SOBRE CASO DE RABIA EN TEMUCO :

1.- Aún vemos un informe oficial del ISP que confirme elcaso de rabia en MURCIELAGOS.aparecido justo en la municipalidad de temuco .
2.- El último caso de rabia humana transmitida por perros fue en 1972. Desde los ´80 que se considera erradicada la rabia canina en chile .
3.- A nuestro juicio, la interpretacion de Seremi de Salud fue antojadiza y rápida en actuar precisamente contra los perros vagos del centro , ¿ Y los murcielagos ?
4.- El periodo de observacion de sintomas de rabia en sospechosos es de 10 dias .
5.- Aún no transcurren 10 dias desde el supuesto hallazgo del murcielago (viernes 11 de marzo ).
6.- Ya no hay perros que deambulen por el centro.
7.- Tampoco estos perros están en el canil de temuco.
8.- la municipalidad retiró a estos perros .
9.-vimos como mataban 5 de estos perros en el canil de temuco .

nos parece que no se ha realizado un control ético en este caso y que la opinion pública merece información más transparente .
Nos parece que esto no tiene que ver con el control de la rabia,sino con "limpiar temuco ".

si otros animales son basuras , nos falta mucho como sociedad .

USTED COMO CIUDADANO NO PUEDE ACERCARSE A SOLICITAR INFORMACION TRANPARENTE A SEREMI Y MUNICIPALIDAD .

MAS INFORMACION EN : contacto@canesyfelinos

domingo, 20 de marzo de 2011

RECHAZAMOS LA POLÍTICA DEL ESTADO CHILENO QUE CONSISTE EN CRIMINALIZAR LAS REIVINDICACIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE


DECLARACIÓN DE 20 ASOCIACIONES EUROPEAS SOBRE EL PROCESO CONTRA COMUNEROS MAPUCHES

EN LA CIUDAD DE CAÑETE



RECHAZAMOS LA POLÍTICA DEL ESTADO CHILENO QUE CONSISTE EN CRIMINALIZAR

LAS REIVINDICACIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE


Frente al resultado del reciente proceso contra 17 miembros de comunidades mapuche de Chile, que se realizó en la ciudad de Cañete hasta el 22 de febrero de 2011, nuestras organizaciones y asociaciones de la sociedad civil de Ginebra, de Suiza y de Europa, queremos dar a conocer a las autoridades políticas y judiciales de Chile:





1. Nuestra inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado:

Consideramos como un hecho grave el que este proceso haya sido llevado según las prescripciones de la "ley antiterrorista". El Gobierno chileno renunció, por cierto, a exigir el Tribunal la calificación de las acusaciones como hechos de terrorismo, pero esto intervino muy tarde (sólo 2 días antes del fin del proceso!) y no tuvo efecto real sobre el procedimiento mismo. Consideramos que esta contradicción quita toda legitimidad a las condenas; las decisiones del Tribunal están marcadas por el procedimiento de excepción empleado, y esto, los medios jurídicos y los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo.


2. Nuestra crítica de la actitud del Estado chileno hacia las reivindicaciones de los pueblos originarios:

Es lamentable de deber comprobar que a pesar de numerosas críticas y recomendaciones de la comunidad internacional, incluido de las agencias y de Las comisiones de las Naciones Unidas y del BIT, el Estado chileno persiste en llevar una política agresiva y desconfiada hacia los pueblos originarios. Entre las actitudes negativas más actuales, se cuentan incumplimiento del Convenio 169 del BIT y la calificación de « terrorista » hacia toda reivindicación de los pueblos originarios. El proceso reciente de Cañete y la represión violenta de grupos de habitantes de Rapa-Nui (Isla de Pascua) son dos ejemplos flagrantes.


3. Nuestra solidaridad hacia los pueblos originarios de Chile:

Comprendemos que la lucha de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche, no persigue un objetivo qun se reduce al simple interés étnico o de la comunidad restringida. Al contrario, estas reivindicaciones se articulan en torno a tres ejes que conciernen al conjunto de la sociedad chilena:

· un desarrollo sustentable y justo, en el respeto de los criterios ecológicos ;

· el respeto de las particularidades de las minorías en el seno de una sociedad multicultural ;

· un sistema político y administrativo realmente descentralizado.

Estos grandes principios que conducen la lucha de los Mapuche a Chile sobrepasan ampliamente las fronteras nacionales, y son válidos también para otras regiones de América latina y del mundo. Es por eso que los sostenemos.


Pedimos que las autoridades chilenas políticas y judiciales tomen las medidas para poner término a la politica actual. Más concretamente, pedimos la libertad inmediata de los señores Llaitul, Llanquilef, Huenuche y Huillical, como fue el caso de los otros 13 co-acusados en el proceso de Cañete. Su mantenimiento en prisión confirmaria un motivo netamente político como consecuencia de sus caracteres de líderes de su pueblo. Pedimos ademas, no criminalizar la protesta social mapuche.


Como asociaciones y organizaciones de Ginebra, de Suiza y de Europa, nos mantendremos vigilantes frente a la evolución de la situación.



Ginebra, el 18 de marzo de 2011




Organizaciones que suscriben esta declaración



Fundación URABA - Suiza-Colombia
Fundación France-Libertés - Francia
MCI (Mouvement pour la Coopération Internationale) - Suiza
Espacio Afro-Americano – Ginebra, Suiza
DIDEPU (Defensoria Internacional por el Derecho de los Pueblos)- Ginebra, Suiza
Comité Memoria y Justicia- Ginebra, Suiza
Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile- Ginebra, Suiza
Terre et Liberté pour Arauco - Francia
Americain Association of Jurists
Mouvement contre le Racisme
Centre Kurde des Droits de l’Homme - Ginebra, Suiza
AICT (Association International contre la Torture)- Nueva York, EE.UU.
INDIGENEVE – Ginebra, Suiza
Solidarités - Suiza
Climat et Justice Sociale - Ginebra, Suiza
CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde), Ginebra, Suiza
Maria Chavez (Programa Pueblos Indigenas) Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra, Suiza
Antonio Hodgers, diputado al Consejo nacional suizo – Ginebra/ Berna, Suiza
EIRENE - Suiza
CETIM (Centre Europa-Tiers Monde), Suiza
CSIA (Comité de Solidarité avec les indiens des Amériques) - Francia

martes, 15 de marzo de 2011

4 PRESOS POLITICOS MAPUCHES REINICIAN HUELGA DE HAMBRE LIQUIDA DESDE LA CARCEL DE LEBU


COMUNICADO PUBLICO
Cárcel de Lebu, 15 de Marzo de 2011



Los presos políticos mapuche, miembros de la CAM, prisioneros en la Cárcel de Lebu, frente a nuestra actual situación, comunicamos a la Nación Mapuche y a la opinión pública internacional lo siguiente:

1. Es de amplio conocimiento el extenso proceso investigativo y judicial que se ha desarrollado en contra nuestra y de otros 13 hermanos, bajo la Ley Antiterrorista, cuyo resultado ha sido una condena política a cuatro militantes de la CAM.



2. Que el Tribunal Oral de Cañete ha arribado a dicha condena basado, únicamente, en declaraciones de un testigo secreto y de testigos de oídas, es decir, con estándares de prueba inaceptables en cualquier otro lugar mundo.



3. Que por lo tanto, al no haber tenido un debido proceso y como resultado de ello, arriesgar altas penas de cárcel, hemos decidido iniciar una huelga de hambre liquida, de carácter indefinida, hasta el logro de nuestras demandas:



DEBIDO PROCESO Y JUICIO JUSTO

SIN UTILIZACION DE TESTIGOS SECRETOS, SIN LEY ANTITERRORISTA.

NULIDAD DEL JUICIO ORAL

SER JUZGADOS POR UN TRIBUNAL COMPETENTE E IMPARCIAL

FIN AL DOBLE PROCESAMIENTO EN LA JUSTCIA CIVIL

TRASLADO A LA CARCEL DE ANGOL Y CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS.



HECTOR LLAITUL CARRILLANCA

JOSE HUENUCHE REIMAN

JONATHAN HUILLICAL MENDEZ

RAMON LLANQUILEO PILQUIMAN

sábado, 12 de marzo de 2011

ABOGADO ALBERTO ESPINOZA PINO : " UNA JUSTICIA EN TELA DE JUICIO "




Después de tres meses de Juicio Oral, con declaraciones de testigos secretos, personas ebrias y sordas presentadas como testigos de oídas, analfabetos ratificando declaraciones escritas, fiscales y policías víctimas testimoniando en calidad de investigadores, el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Cañete ha adquirido su convicción, se presume mas allá de toda duda razonable, que los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, ellos, los dirigentes, son los culpables del delito de robo con intimidación denunciado por el ex agente de la dictadura, acusado de torturador y usurpador de tierras mapuche, José Santos Jorquera y, coincidentemente, los mismos cuatro también son los culpables del denominado atentado al fiscal Elgueta. No obstante, por una simple y cuestionable mayoría de votos, dos contra uno, la Jueza Paola Schisano Pérez fue de la opinión de absolver.

Si bien, ninguno de esos delitos ha sido calificado por la simple mayoría de los jueces como terrorista y trece comuneros mapuche, también juzgados por el Tribunal de Cañete, fueron absueltos de todos los cargos por delitos terroristas, contenidos en la acusación del Ministerio Público, todos sin excepción, condenados y absueltos, fueron investigados como consecuencia de la Formalización de la Investigación conforme al procedimiento establecido por la LeyAntiterrorista. Dicha situación, procesalmente, se manifestó en el secreto de los registros de la investigación, entrega parcial y desordenada de los antecedentes, por parte de la fiscalía, a los defensores al término de la investigación y la prolongada prisión preventiva como medida cautelar, en la mayoría de los casos, desde la detención hasta el Juicio Oral.

Doce comuneros enfrentaron el juicio como si fueran culpables, la mayoría de ellos sufrieron la interceptación de sus comunicaciones, una técnica investigativa de la cual se hizo uso y abuso, todos sufrieron la incautación de cosas de su propiedad que fueron objeto de dudosos peritajes, sus domicilio fueron violentados y descerrajados con gran despliegue de fuerza policial, helicópteros, carros blindados y un gran poder de fuego de una infantería numerosa, en allanamientos masivos realizados en las diversas comunidades mapuche afectando a niños(as), mujeres y ancianos(as).

El trato recibidos por los comuneros mapuche fue el trato que en una guerra se le da al enemigo, todo ello al amparo de la Ley Antiterrorista.

Para colmo de males ante la mirada indiferente, insensible y claudicante del poder jurisdiccional, del Juez de Garantía, que cada vez que tuvo que pronunciarse acerca de las garantías y derechos de los imputados, para evitar o poner fin a la prisión preventiva, para que se les reconociera la presunción de inocencia, para no ser tratados como culpables, para asegurarles el debido proceso, esos jueces y los ministros de la cortes superiores, simplemente, renunciaron a su deber cautelar.

Hicieron la vista gorda frente al poder del Ministerio Público, fueron aliados de los fiscales, opusieron nula resistencia a las actuaciones abusivas de estos y no cuestionaron en ningún momento la aplicación de la Ley Antiterrorista. Abandonaron, notablemente, la esencia misma de la jurisdicción, dejando a los imputados en el más absoluto desamparo.

Bastó la mera Formalización por Ley Antiterrorista para darle manga ancha al fiscal durante la investigación, con absoluto desprecio a los derechos de los imputados. La sola Formalización se transformó durante todo el tiempo, en que estuvieron en prisión preventiva, en una verdad incuestionable y adquirió para todos los jueces el valor de la cosa juzgada, que se le asigna a las resoluciones judiciales, olvidando que el Ministerio Público no ejerce funciones jurisdiccionales.

Un procedimiento sustanciado bajo la normativa legal de la Ley Antiterrorista, es un procedimiento viciado, incapaz de producir, en el marco de un debido proceso, una convicción condenatoria, ni siquiera por delito común, el honorable voto de minoría señala expresamente en el veredicto “que la prueba incorporada al juicio por los acusadores, no reúne los estándares suficientes como para dar por acreditada la participación de los acusados”.

En la hora de la Sentencia es exigible a los jueces, que decidieron condenar, la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas que, perentoriamente, establece que “en caso de aplicar sanciones a los miembros de estos pueblos, se debe tener especial consideración las características económicas, sociales y culturales y deben preferirse las sanciones que no sean privativas de libertad (artículo 10º). La aplicación del Convenio 169 es un imperativo ético y jurídico, cuya inobservancia compromete al Estado de Chile en el contexto internacional de los derechos humanos.

La libertad de los comuneros mapuche que aun están encarcelados debe ser resuelta por razones de estado. El Convenio 169 obliga por igual a todos los poderes. Si el poder jurisdiccional renuncia a la aplicación del Convenio 169, la responsabilidad recaerá en el poder ejecutivo o en el poder legislativo, quienes deberán adoptar las medidas administrativas o legislativas conducentes a reparar lo que el poder judicial no supo resolver.

Santiago, Marzo 11 de 2011



GENTILEZA : GREZ

lunes, 7 de marzo de 2011

MUJERES INDIGENAS DE LATINOAMERICA SON LAS MÁS DISCRIMINADAS .


Las mujeres indígenas no escapan a la situación de discriminación que han debido vivir las mujeres durante siglos, y se recrudece aún más si a esto le agregamos el factor pobreza.

Las mujeres, en todos los estudios de casos, son las que presentan una mayor vulnerabilidad en materia de derechos humanos, con peores índices de salud, restricciones de acceso al mercado laboral, a la educación, la capacitación, y con menores posibilidades de desarrollo integral.

Este cuadro que es generalizado para todas las mujeres y niñas, se recrudece aún más, cuando se trata de mujeres indígenas, lo que las hace vivir una triple marginalidad, por ser mujer, por ser indígena y en su mayoría por ser pobres.

Datos reveladores

Resulta irónico que, incluso un reciente estudio del Banco Mundial, ha revelado que la mayoría de los indígenas de América Latina no logra mejorar su nivel de vida, comparado con los habitantes no indígenas. Y agregan una serie de recomendaciones entre las cuales está la necesidad de un mayor desarrollo.

Estos datos, que hoy forman parte de los estudios científicos, han sido visibles gracias a una constante lucha por parte de las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular, quienes a través de sus esfuerzos organizados, han puesto sus demandas en todas las esferas de participación, visibilizando la grave situación de vulnerabilidad que deben vivir en sus comunidades.

En Chile, según el último Censo de 2002, del total de mujeres, más de 300 mil son mujeres indígenas, representando el 49% de esta población. Esta constante, la de alcanzar una presencia significativa, se da tanto a nivel nacional como en sus comunidades.

En lo que se refiere a su inserción laboral, el Censo demuestra un “subregistro”, pues ellas se vinculan mayoritariamente al sector informal de la economía y al trabajo agrícola, invisibilizando la importancia de las mujeres en el sustento familiar y su importante rol en la agricultura, siendo ellas las primeras en el eslabón de la cadena alimenticia como las protectoras y preservadoras de las semillas, lo que ha permitido, además, la sobrevivencia cultural de las comunidades.

Si damos una breve mirada al mundo público, llámese poder Legislativo, Ejecutivo, a su inserción en la administración pública y empresas privadas, el 4,0% está copado por mujeres indígenas, superando a los hombres, y si categorizamos por “profesionales, científicos e intelectuales”, el 49% del total son mujeres, de esta cifra el 6,1% son mujeres indígenas.

Con estos datos duros de la realidad chilena, podemos decir que las mujeres están insertas en todos los ámbitos de la sociedad, con una presencia importante de mujeres indígenas.

Pese a ello, las comunidades siguen en situación de “discriminación, negación cultural, marginalización económica, y hoy persecución política, que se expresa particularmente preocupante respecto de las mujeres, niños y niñas indígenas”, según las palabras textuales del Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, Dr. Rodolfo Stanvenhagen.

Como lo expresa claramente Dr. Rodolfo Stanvenhagen a toda la violencia que ya sufren las mujeres, se ha sumado ahora un proceso de criminalización y encarcelamiento de mujeres indígenas, por parte del gobierno de la Concertación, en el marco del llamado “conflicto mapuche”, que no es otra cosa que la resistencia de las comunidades a la nueva usurpación de sus tierras, esta vez bajo la cruz y la espada del neoliberalismo, que no respeta vidas, culturas ancestrales, ni derechos territoriales.

Sin duda, que las mujeres indígenas, particularmente en las comunidades mapuche, han tenido un rol activo en la lucha por la defensa de sus tierras y su cultura. Han sido ellas las que han liderado movimientos de resistencia, poniendo en un primer plano la demanda de “reconocimiento de pueblo”, lo que no es menor, pues su identidad cultural es uno de los elementos que mantiene unida a las comunidades y al pueblo indígena. En este proceso de socialización, el papel de la mujer ha sido fundamental, porque es ella quién también tiene el rol de la “reproducción cultural”, a través de la oralidad.

Demandas propias

Sin embargo, las mujeres tienen demandas propias, que van más allá del “reconocimiento de pueblo”, como es la participación en la toma de decisiones, el tema de la violencia intrafamiliar y los abusos que cotidianamente viven, entre otros muchos temas, que aún se mantienen ocultos detrás de las grandes demandas. Aquí también es necesario comprender que a través del tiempo, el dualismo que existe en algunas culturas de los pueblos indígenas, ha ido perdiendo su real significado, adoptando la postura occidental de relevar al hombre dentro de la comunidad.

Cuando se habla de rescate de las identidades culturales, las mujeres indígenas han sido claras, al afirmar que rescatarán todo aquello que vaya en beneficio de las comunidades, pero que no aceptarán la imposición de roles que aumenten las inequidades entre hombres y mujeres.

Pese a todo lo dicho anteriormente, aún está muy lejos el comprender y dimensionar la relevancia e importancia que tiene la mujer, no sólo dentro de las comunidades sino para toda la sociedad. Se hace necesario y urgente, que se abran los espacios de discusión, que generen cambios reales en la sociedad, para contribuir en parar toda esta discriminación y violencia sin sentido, que afecta a todas las mujeres y niñas del planeta. Este ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido el Primer Congreso Nacional de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI): visibilizar y poner en el centro de la discusión temas como los derechos de las mujeres rurales e indígenas, incorporando a este debate a todos y todas las actoras sociales.

- Sandra Trafilaf es comunicadora chilena de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) .
Publicado en América Latina en Movimiento, No. 418:

viernes, 4 de marzo de 2011

JUICIO CONTRA MARIO MILLANAO FUE SUSPENDIDO POR NO QUERER ASUMIR RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS QUE LA FISCALIA LE IMPUTA .


FINALMENTE FUE SUSPENDIDA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EN CONTRA DE MARIO MILLANAO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA TEMUCUICUI, QUEDANDO FIJADA PARA EL PROXIMO VIERNES 11 DE MARZO.

ANTE LA INSISTENCIA DEL JUEZ DE GARANTIA DEL TRIBUNAL DE COLLIPULLI, FISCAL CESAR CHIBAR Y EL ABOGADO LORENZO MORALES, EL PEÑI NO ASEPTO LA SALIDA ALTERNATIVA QUE PERMITIRIA NO REALIZAR EL JUICIO ASEPTANDO RESPONSABILIDAD.

POR ESTA RAZON EL ABOGADO DEFENSOR LORENZO MORALES RENUNCIO A LA DEFENSA, QUEDANDO POR EL MOMENTO EL PEÑI SIN ABOGADO DEFENSOR.

LA COMUNIDAD AUTONOMA TEMUCUICUI JUNTO AL PEÑI MARIO MILLANAO MILLAPE, SE MANTIENEN FIRME PARA QUE EL JUICIO SE REALICE, ESTA SERA LA UNICA MANERA DONDE ATRAVES DE LAS PRUEBAS DEL PEÑI, SE CONOSCA LA GRAVES ATROCIDADES Y GOLPISA QUE PROVOCO ESTE PARTICULAR RENE URBAN AL GRUPO FAMILIAR DEL PEÑI CUANDO SE ENCOENTRABAN JUNTANDO LEÑA.

LO PREUCUPANTE AHORA ESQUE ESTAMOS SIN ABOGADO DEFENSOR, DE NO ENCOENTRARLO EL PEÑI SE DEFENDERA SOLO ANTE ESTE TRIBUNAL.




GENTILEZA : COMUNIDAD TEMUCUICUI, ERCILLA